La Justicia federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y contra los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

La denuncia había sido realizada por diputados del Frente para la Victoria en noviembre pasado, y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita. En la causa también se está investigando al presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctri cas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

Según los diputados kirchneristas que realizaron la denuncia penal, la construcción de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán costó alrededor de US$1.000 millones pero su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, denuncian que Macri le pagó, en carácter de indemnización, $1.600 millones a Iecsa y a Isolux, empresas encargada de las obras, por rescindirle el contrato a fines de 2016. Iecsa era la compañía del primo del Presidente, Angelo Calcaterra.

En tanto, este lunes (11/02) se conoció que las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto -propiedad del “amigo del alma” de Macri, Nicolás Caputo– fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.

Cabe recordar que las privatizaciones fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.

La central Barragán fue tasada por el Estado en más de US$305 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US$229 millones; mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de US$207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi US$400 millones menos que el valor real de las usinas.

La denuncia fue pre sentada el año pasado por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, quienes se preguntaron en aquella oportunidad “¿cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”.

Por otra parte, los denunciantes advirtieron que “en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia de Mauricio Macri”.

Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”

Recordemos que originalmente se había convocado a oferentes que fuesen operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero luego Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar (cuyos representantes en argentina son los ex funcionarios del FGSLuis María Blaquier y Enrique Boilini), PointState (el fondo estadounidense que más negocios ha hecho con el gobierno de Cambiemos) y TGLT (la sociedad que en 2018 compró la histórica constructora de Caputo), consigna la denuncia.

Dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA) inmediatamente después de la resc isión en 2016.

Enarsa, hoy IEASA, es el organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que -según los denunciantes- estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.