La Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia rechazó el recurso de queja presentado por el abogado representante de la empresa Egger Argentina SAU contra una resolución del juez de Trabajo Nº 4 (interino) Roberto Masara, quien había ordenado la reinstalación de 10 trabajadores que habían sido despedidos.

El caso se originó cuando 10 trabajadores demandaron la nulidad de los despidos dispuestos por su empleadora, la consecuente reincorporación a las tareas respectivas, el pago de los salarios caídos y la indemnización por daños moral y material sufridos, aseverando que los despidos se motivaron en razones discriminatorias y conducta antisindical.

Durante el litigio, la empresa demandada sostuvo que los empleados fueron desvinculados por falta o disminución de trabajo no imputable a su parte, según lo previsto por el art. 247 LCT.

La empresa que se dedica a la producción y venta de molduras, a pedido para el mercado de exportación; alegó una caída en las ventas de ese sector, tanto para el mercado interno como externo; y rechazó la calificación de discriminatorio de los despidos que se le atribuía por parte los actores.

Analizados los argumentos de las partes, en primera instancia juez Roberto E. Masara, subrayó el incumplimiento de los requisitos legales para tener por acreditada la causa de los despidos pretendida por la empresa y además consideró que la demandada no logró probar la disminución en la producción, según lo alegado. Por ello entendió que más que una causa, lo invocado en la notificación del despido pareciera constituir una excusa para una especie de ejemplo para el resto de los trabajadores afiliados al sindicato resistido por la empleadora.

Al momento de calificar el despido de los trabajadores, analizó los hechos y las pruebas aportadas desde el punto de mira de tres normas que configuran una especie de tríada dirimente para resolver el caso: el art. 14 bis de la Constitución Nacional, el art. 1 de la Ley 23592 -sobre Actos Discriminatorios- y el art. 47 de la Ley 23551 -de Asociaciones Sindicales-.

Así, con base en la abundante, concordante y precisa prueba documental y testimonial producida en la causa, la sentencia tuvo por acreditada la conducta antisindical asumida por la empresa empleadora de los actores, que comenzó por manifestar su molestia por las conversaciones mantenidas por sus trabajadores con el sindicato; siguió por ofrecer una mesa de diálogo alternativa pero como condición excluyente de desistir de esa agremiación; continuó promoviendo las desafiliaciones, en un proceso que llamativamente provocó el ingreso y egreso de más de doscientas personas en un breve lapso de aproximadamente dos meses; para concretar luego amenazas directas; y finalizar en los despidos de los accionantes, lo que desencadenó en un sostenido retiro de empleados a la entidad que los agrupaba.

Por todo ello, Masara calificó de discriminatorio el despido cursado a los actores, declaró su nulidad y ordenó la reinstalación al mismo puesto de trabajo.

Asimismo condenó al pago de los salarios caídos, en concepto de daño material y daño moral, de indiscutible acaecimiento ante la pérdida del puesto de trabajo por motivos discriminatorios, debiendo acudir a reclamar en sede administrativa y a los estrados judiciales en procura del respeto de sus derechos fundamentales como trabajadores.

La empresa apeló esa sentencia, recurso que no fue concedido en primera instancia, por extemporáneo, e interpuesto el recurso de queja, que ayer fue rechazado por la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia, por considerar que la recurrente no logró evidenciar que su apelación había sido presentada en tiempo oportuno.

El 12 de diciembre, la empresa cumplimentó la reinstalación de los trabajadores dispuesta en la sentencia primera instancia.

Fallo

Autos: “FERNÁNDEZ, Marcelo Alberto y Otros c/ Egger Argentina S.A.
s/ Acción de Reinstalación s/ Recurso de Queja” (Expte. Nº
8110).—————————————————————————-
Concordia, 26 de diciembre de 2019.
VISTOS:
Los autos caratulados “FERNÁNDEZ, Marcelo Alberto y Otros c/
Egger Argentina S.A. s/ Acción de Reinstalación s/ Recurso de Queja”,
Expte. Nº 8110, traídos a Despacho para resolver, y
CONSIDERANDO :
I.- Que el Dr. Eduardo R. PAREDES, invocando el carácter de
apoderado de EGGER ARGENTINA S.A., interpone Recurso de Queja (Cfr.
fojas 39/44) en contra de la resolución dictada en los autos principales
(fojas 34/38 de los presentes) que, en lo que aquí interesa, ordenó “NO
CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia dictada en autos, por extemporáneo…” (punto I.-) y,
“DESGLOSAR oportunamente el escrito presentado por el apoderado de la
parte demandada…” (punto II.-).
Para así decidir, el juez de grado sostuvo que según lo
expresamente dispuesto a foja 36 y vto., la causa tramitó por vía del juicio
sumarísimo (art. 484 y cons. del CPCyC), lo que fue oportunamente
notificado a la demandada y que, a esa altura del trámite de la causa, se
encontraba firme y consentido.
Señaló a mayor abundamiento, ante el planteo ensayado por el
apoderado de la demandada, que cabía remitirse al texto expreso del art.
47 de la Ley 23551, en cuanto establece que todo trabajador o asociación
sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los
derechos de la libertad sindical garantizados por esa ley, podrá recabar el
amparo de los mismos ante el tribunal judicial competente, conforme al
procedimiento sumarísimo establecido en el art. 498 del CPCCN o
equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste
disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento
antisindical.
Refirió que, en términos normativos, el inc. 2º del art. 484 CPCC
(Ley 4870), aplicable por remisión del art. 141, CPL, prescribe que todos los
plazos serán de dos días, lo que indiscutiblemente comprendía los plazos
para la interposición del recurso de apelación intentado por el apoderado de
la demandada.
Citó jurisprudencia de esta Sala del Trabajo, que data de más de
treinta años -aclaró-, conforme a la cual el plazo de dos días resulta en el
juicio sumarísimo común a todos los actos procesales, salvo las exclusiones
específicamente determinadas en el inciso segundo del art. 484 del CPCC,
incluido el procedimiento de la apelación. Precisó que dicho criterio había
sido reiterado por la actual integración de este Tribunal en autos “Baucero”
(20.8.2019).
Dijo que en la misma dirección, desde hacía más de siete años, la
Sala del Trabajo del STJER había resuelto el planteo normativo del
recurrente en autos “Bertoldi” (18.4.2011). Transcribió parte de los
argumentos allí expuestos (fojas 35, in fine/ 37 vto., segundo párrafo).
Sostuvo que, como ineludible consecuencia de lo expuesto, la
remisión que el art. 141 del CPL dispone a lo normado por el CPCC en
materia de proceso sumarísimo, debía ser reglada según el texto de la Ley
4870 y que, por ello, para resolver el planteo del apoderado de la parte
demandada, correspondía recordar que el inc. 2º del art. 484, CPCC,
determina que “todos los plazos serán de dos días”.
Señaló que, por lo tanto, siendo que la sentencia que se pretendía
impugnar había sido dictada el 25.11.2019 y que su notificación se había
perfeccionado el día martes 26.11.2019 (cfme. SNE), el plazo para
presentar el escrito a su respecto había vencido fatalmente a las 9:00 horas
del día 29.11.2019.
Concluyó que en el marco del control de los requisitos formales,
previo e inherente a toda providencia, la interposición del recurso de
apelación efectuada por el apoderado de la demandada el 2.12.2019 devino
manifiestamente extemporánea.
II.- En la fundamentación de la queja interpuesta, el apoderado
de la demandada comienza sosteniendo que interpuso el recurso en el
término de tres días por dos razones: porque es el plazo que corresponde
procesalmente y porque la empresa tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires, por lo que pudo usar incluso el día lunes en su totalidad y no
sólo el plazo de gracia, dado que rige la ampliación que corresponde por
razón de la distancia, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 155, CPCC.
Refiere seguidamente que el a quo, al tratar el tema, cambió su
plataforma jurídica. Dice que en la sentencia, para admitir el reclamo, se
apoyó en la “Ley Antidiscriminatoria”, desestimando la Ley de Asociaciones
Sindicales que pretendía la actora -especialmente para dos de ellos-, por
resultar innecesaria y que, sin embargo, ante su embate por orfandad en
materia de normas que lo apoyasen, “acudió ahora si en auxilio de la Ley de
Asociaciones Sindicales, junto con el art. 141 del CPL, que ahora fueron su
sustento, cambiando el eje de la discusión alegremente”.
Considera que se ha violado palmariamente el derecho de debido
proceso y de defensa en juicio, ambos de raigambre constitucional. Afirma
que dicha resolución denegatoria del recurso de apelación lo agravia y
motiva su queja.
En el apartado que titula “Mi Derecho”, sostiene que corresponde
al inferior examinar si concurren los requisitos formales de admisibilidad del
recurso, estándole vedado el examen de los que hacen a su procedencia
intrínseca o fundabilidad, que es materia exclusiva del tribunal superior.
Dice que, sin embargo, por sí y ante sí, con el único objeto de no
reconocer su propio error jurídico al pretender la aplicación de un código
procesal civil derogado y que no tuviere remisión “taxativa” de parte de este
verdadero amparo sindical (en todo caso regido por la Ley 8369 y no por el
art. 484, Ley 4870, cuya habilidad jurídica para regir el presente es
francamente nula), el a quo, excediéndose en sus facultades, modificó el
sustrato jurídico y “mágicamente” apareció el art. 47, LAS, pretendiendo
que el mismo se remite al procedimiento derogado mediante el art. 141,
CPL.
Afirma que al cambiar de fundamento, el inferior insiste
obsesivamente en la validez para el caso del art. 484 del Código Procesal
Civil derogado. Considera que su postura no tiene andamiento, que ni
siquiera el art. 47, LAS ayuda para su obstinada posición. Sostiene que es
obvio que si se remite a normas procesales, son las que están en
vigencia (en el caso, el sumarísimo según el código procesal civil vigente).
Cuestiona además el trámite impreso por el hecho de la falta de
regulación del llamado “juicio sumarísimo” dentro del proceso laboral.
Considera que de haberse aceptado la vigencia del Código Procesal Civil
vigente en la tramitación del juicio sumarísimo que se le impuso a estas
actuaciones, ninguna dificultad legal hubiere tenido, al menos en el
procedimiento.
Afirma que su recurso de apelación debía pasar ese primer test de
admisibilidad consistente únicamente en verificar el mero cumplimiento de
los requisitos formales de admisibilidad en base a la norma procesal
vigente, sin recurrir a entelequias con el sólo propósito de no aceptar la
equivocación de remitirse a la Ley 4870, ya que no hay remisión taxativa ni
expresa alguna de nuestro CPL en el tema, agravado por la inexistencia del
instituto (juicio sumarísimo).
Agrega que este recurso de apelación coloca en la balanza un
derecho sustancial (el de propiedad del recurrente) con un derecho formal
(los ritos que hacen procedentes o no el recurso), y que debe primar
siempre el derecho de propiedad afectado, dado que el rito es solo un medio
para que no se vulnere aquél.
Seguidamente, refiere a las discrecionales facultades de los
jueces para interpretar la ley procesal vigente. Dice que si bien se ha
dotado a los jueces de atribuciones en lo referente a la dirección y
ordenación de las causas, las mismas tienen como límite imputar a la parte
recurrente que no presentó debidamente el recurso por una supuesta
extemporaneidad referida a plazos inaplicables por ser un código derogado
al que en modo alguno se remite, ni expresa ni taxativamente, el código
procesal ni la LAS.
Concluye que, de acuerdo a su apoyatura en el juicio sumarísimo
y normas consecuentes, el inferior tenía como única alternativa tener a su
parte por presentado en tiempo y forma, dado que se cumplieron los
recaudos formales, y conceder el mismo para la debida presentación de los
agravios contra la sentencia de primera instancia.
III.- Efectuada la reseña que antecede, corresponde ingresar al
tratamiento del recurso directo deducido.
Inicialmente consideramos conveniente señalar que el objeto del
recurso de queja se limita a que este tribunal examine la resolución
denegatoria del recurso de apelación dictada por el a-quo (copia obrante a
fojas 34/38), para, en su caso, concederlo (cfr. art. 272, por remisión del
art. 137 del CPL) -ver REVIRIEGO, José María, Instituciones del Código
Procesal Laboral de Entre Ríos, Tomo II, pág. 332, Delta Editora S.R.L.,
Paraná, E.R., año 2007; PALACIO, Lino Enrique Palacio y ALVARADO
VELLOSO, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 6,
pág. 461, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, año 1991-.
Hechas las precisiones precedentes, adelantamos que el recurso
en tratamiento no tendrá favorable recepción.
1.º) El recurrente sostiene que la empresa que representa tiene
su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que pudo usar
incluso el día lunes en su totalidad y no solo el plazo de gracia, dado que
rige la ampliación que corresponde por razón de la distancia, de acuerdo a
lo dispuesto por el art. 155, CPC.
El planteo no puede prosperar.
Teniendo la parte su domicilio constituido en este proceso, no rige
ampliación alguna del plazo en razón de la distancia para la interposición del
recurso de apelación.
Este Tribunal al respecto tiene dicho:
“La ampliación en razón de la distancia a la que alude el art. 155 del CPCC
se encuentra prevista para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y
fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal y “se justifica por las dificultades que
la distancia geográfica genera para el adecuado ejercicio de los derechos, circunstancia
que fue advertida por el legislador, para quien la lejanía del domicilio de la parte con la
localidad asiento del judicante natural es un factor limitante al acceso de la
jurisdicción…” (LÓPEZ MESA, Marcelo, Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, Editorial La ley, Buenos Aires, 2012, pág. 377) (…) Se señala que el principio
de ampliación de los plazos en razón de la distancia recibe especialmente aplicación
tratándose de la notificación para el traslado de la demanda, de la preparación de la vía
ejecutiva o de la citación para oponer excepciones, ya que una vez que el demandado ha
sido notificado por cédula, las sucesivas notificaciones se harán en el domicilio
procesal (ad litem), o en su defecto en los estrados del juzgado, salvo el supuesto de
rebeldía, en que la declaración de rebeldía y la sentencia deben hacerse por cédula en el
domicilio real, en cuyo caso el plazo para interponer los pertinentes recursos debe
ampliarse en razón de la distancia (cfr. MORELLO, G.L. SOSA, R. BERIZONCE,
Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. De Bs. As. y de la Nación,
Comentados y Anotados, II-B, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 877)
(cftar. autos “ZELOMAR, Richard Raúl c/ AZAMBUYA, Mariano Daniel y Otro s/
Cobro de Pesos”, 4.9.2019).
El plazo que corresponde ampliar en razón de la distancia es el
conferido para contestar la demanda. Una vez contestada la misma y, por
consiguiente, constituido el domicilio procesal en esta jurisdicción (cfr. art.
22 del CPL), el plazo para interponer el recurso de apelación no puede
considerarse ampliado en razón de la distancia.
La regla general para que proceda la ampliación de los plazos
(art. 155, CPCC) es que la diligencia deba efectuarse fuera del asiento del
tribunal. La interposición del recurso de apelación, con independencia del
lugar en que se encuentre el domicilio legal de la empresa recurrente, no es
una diligencia que deba efectuarse fuera del asiento del tribunal, sino en la
sede de éste.
En los autos “Zelomar” antes citados, también se dijo:
“La dificultad que la ley presume genera la distancia amplía los plazos para
contestarla, pero cumplido ello, no pueden volver a ampliarse por la misma razón. Con
la interpretación que postula el recurrente, todos los plazos que una parte tuviese para
efectuar sus presentaciones a lo largo del proceso deberían considerarse
automáticamente ampliados si aquélla se domiciliare a una distancia de doscientos
kilómetros o fracción que no baje de cien. Así, por ejemplo, y al solo fin de poner en
evidencia el absurdo al que nos conduce la hipótesis propuesta en el recurso, en el caso
de que una persona domiciliada a esa distancia hubiese comparecido con patrocinio
letrado, el plazo para alegar, para recurrir la sentencia, etc., también debería ampliarse
en razón de la distancia, como consecuencia de la dificultad que para esa parte deriva de
tener que enviar los escritos respectivos desde una distancia mayor a la prevista en el
art. 155 del CPC y C.”.
2.º) El quejoso también embate contra la decisión del juez de
grado por haber tramitado el pleito por la vía del proceso sumarísimo,
reglado por el CPCC texto según Ley 4870.
Como vimos, en la resolución denegatoria del recurso de
apelación el magistrado recordó que la decisión de tramitar la causa por vía
del juicio sumarísimo había sido plasmada en la resolución de foja 36 y vto.
(de los autos principales), que ello había sido oportunamente notificado al
demandado y que se encontraba firme y consentido a esa altura del proceso
(ver fojas 34 y vto., primer párrafo, de estos autos).
El recurrente omite toda consideración respecto de ese
argumento central de la decisión, razón por la cual todas sus demás quejas
tratando de demostrar que no rige en autos el proceso sumarísimo, resultan
estériles a los fines pretendidos.
También el recurrente afirma que al tratar la cuestión de la
aplicación de las normas del proceso sumarísimo, el juez de grado “cambió
su plataforma jurídica”, dado que en la sentencia se apoyó en la “Ley
Antidiscriminatoria”, desestimando la Ley de Asociaciones Sindicales que
pretendía la actora, y ante su embate por su orfandad en materia de
normas que lo apoyen, acudió ahora a aquella normativa (fojas 39 vto.,
último párrafo/40, primer párrafo).
Sin embargo, soslaya que la referencia que efectuó el juez al art.
47 de al ley 23551 fue solo “a mayor abundamiento”, esto es, como un
argumento corroborante de su decisión de sustanciar el pleito por las reglas
del juicio sumarísimo.
Lo dirimente para considerar aplicable el proceso sumarísimo es
que, a criterio del juez, la primera providencia en que así lo dispuso se
encuentra firme y consentida, argumento que no es objeto de ninguna
crítica por el letrado, lo que torna infundada su queja.
3.º) Aclarado lo anterior, debe señalarse que, tal como se resalta
en el recurso, es facultad del inferior examinar si concurren los requisitos
formales de admisibilidad del recurso: interposición en término, por parte
legítima que tenga un interés que sustentar, y que la resolución recurrida
sea sentencia definitiva.
En la providencia objeto de queja, el juez precisamente procedió
a analizar si el recurso de apelación se encontraba deducido en término.
Por ello, no puede considerarse que el a quo haya incurrido en
ningún exceso en sus facultades al controlar si el recurso había sido
interpuesto dentro del plazo correspondiente, máxime ante la
improrrogabilidad y perentoriedad dispuesta por el art. 24 del CPL.
4.º) Otro de los argumentos que el quejoso ensaya en pos de la
procedencia de su queja radica en sostener que para la tramitación del
juicio sumarísimo, la remisión no debió ser a la aplicación del Código
Procesal Civil según Ley 4870, porque no hay remisión taxativa ni expresa
del Código Procesal Laboral que así lo contemple, y porque se trata de un
código que se encuentra derogado.
Ahora bien, a riesgo de ser reiterativos, debe nuevamente decirse
que la decisión de aplicar al caso de autos las normas del juicio sumarísimo
conforme art. 484, Ley 4870, fue adoptada por el juez de grado en el
primer proveído (foja 36 y vto. de los autos principales), que dicha decisión
-a criterio del a quo- se encuentra firme y consentida, y que constituyó un
fundamento central de la denegatoria que no fue objeto de cuestionamiento
alguno por parte del recurrente. Ergo, resulta irrevisable a través del
recurso de queja ahora articulado.
Aclarado ello, debe decirse que la otra falencia que conspira
contra la procedencia del recurso de queja articulado resulta ser la
circunstancia de que el recurrente soslaya toda consideración respecto de la
jurisprudencia de esta Sala, de larga data (autos “Soto”, del 27.2.1991) y
de reciente data (autos “Baucero”, 20.8.2019), y de antaño de la Sala del
trabajo del STJER (autos “Bertoldi”, 18.4.2011) que el a quo citó en apoyo
de su decisión de considerar que la normativa procesal aplicable a estos
actuados es la del CPCC texto según Ley 4870, lo que determina que el
plazo para interponer el recurso de apelación en un juicio sumarísimo sea
de dos días.
En efecto, el quejoso no se hace cargo ni intenta en modo alguno
refutar -menos adecuadamente- la validez de las razones allí expuestas –
transcriptas por el a quo- en orden a la ratio iuris que condujo al legislador
en oportunidad de promulgar la Ley 9982, a decidir el mantenimiento de la
remisión del art. 141 para la conformación del CPL a las disposiciones del
CPCCER conforme su redacción original de la Ley 4870 (conforme Diario de
Sesiones Nº 14 del HCS provincial del 3.8.2010). Tampoco el recurrente
intenta demostrar que los precedentes citados por el juez no resulten
aplicables al caso. Es más, ni siquiera los menciona en su memorial. De tal
modo, se encuentra incumplida la carga de atacar concreta y
razonadamente los argumentos dirimentes de la denegatoria.
Sobre el punto, este Tribunal ha dicho:
“Sabido es que la fundamentación del recurso de queja debe ir destinada a
demostrar la admisibilidad del recurso denegado (o, en su caso, la equivocación del
juzgador en el efecto asignado al mismo). Desde la doctrina se señala que “el recurso
directo debe fundarse explicitándose las razones de la procedencia del recurso
denegado, señalándose los argumentos en base a los cuales se considera errónea su
desestimación. Lo que precede es doctrina obligatoria para los tribunales de trabajo
provinciales, al provenir de criterio sentado, por vía de inaplicabilidad de ley, por el
Superior Tribunal de Justicia, Sala del Trabajo, “Pereyra c/ Gómez”, 16/11/99″
(REVIRIEGO, José María, Instituciones del Código Procesal Laboral de Entre Ríos,
Tomo II, Delta Editora S.R.L., Paraná, septiembre 2007, págs. 336/337)” (cftar. esta
Sala en autos “HERNÁNDEZ, Simón c/ VERA, Rodolfo Esteban s/ Cobro de Pesos y
Entrega de certificación laboral s/ Incidente de Sustitución de depósito s/ Recurso de
queja”, 27.8.2018).
A todo evento, cabe señalar que la decisión de mantener la
remisión del CPL al CPCyC, texto según Ley 4870, ha sido reiterada
recientemente en oportunidad de sancionarse el Dec. Nº 2027 MGJ (BO
16.8.2018), a través del cual el Gobernador de la provincia de Entre Ríos
dispuso la prórroga del art. 1 de la Ley 9982 “hasta la sanción de un nuevo
Código Procesal Laboral de la Provincia”, lo que a la fecha aún no ha
acontecido.
En mérito a las razones expuestas, la Sala del Trabajo de la
Cámara de Apelaciones de Concordia,
R E S U E L V E:
NO HACER LUGAR al recurso de queja deducido por el Dr.
Eduardo R. Paredes contra la resolución de fecha 3.12.2019 de los autos
principales, por la que no se concedió el recurso de apelación interpuesto
por su parte contra la sentencia definitiva, por extemporáneo.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE conforme Sistema de
Notificaciones Electrónicas (arts. 1 y 4) -Acordada 15/18 del STJER, de
fecha 19.5.2018- y, oportunamente ARCHÍVESE. Fdo.: Dres. CARLOS H.
VIANCO, HÉCTOR R. SALARÍ y LAURA M. SOAGE -Vocales-. Ante mí:
Dra. Carolina Goñe -Secretaria-.
ES COPIA.
Dra. Carolina Goñe