Se aprobó en el Senado la ley de regularización dominial de villas, que permitirá que habitantes de más de cuatro mil asentamientos (más de 900.000 personas) accedan al título de propiedad. Además, se aprobó la ley de donación de alimentos.

El proyecto que hoy se convirtió el ley tiene como objetivo regularizar el dominio de alrededor de 4.400 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. Los habitantes obtendrían el título de propiedad de la parcela que ocupan.

El proyecto fue impulsado desde organizaciones populares como la CTEP. En la sesión de hoy, el senador Miguel Ángel Pichetto (jefe del bloque justicialista) propuso que el mismo sea votado sin debate y la iniciativa fue aceptada.

Los senadores Esteban Bullrich y Pedro Braillard Poccard (Cambiemos) se opusieron a la propuesta de Pichetto. “El tema lo ameritaba. Hay 935 mil familias que por primera vez van a poder decir ‘somos dueñas de nuestro hogar’”, argumentaron.

Finalmente, se votó y se aprobó con 56 votos a favor y cuatro en contra: los dos peronistas de La Pampa y los dos de Formosa.

La ley: declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares, con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados.

Los barrios alcanzados: Aquellos ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.

¿Qué es un asentamiento? La organización Techo lo define como “un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctri ca con medidor domiciliario o red cloacal”.

Para llevar adelante la medida, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social deberán acordar con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la transferencias de los inmuebles que estén bajo su titularidad.

Los gastos que se deriven de los convenios “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”, según el texto de la ley. Además, el Poder Ejecutivo Nacional podría crear un fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.

Mientras se desarrolla el proceso de regulación establecido en la ley (4 años), quedan suspendidos los eventuales desalojos en los asentamientos, villas y barrios populares.

Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los Movimientos Populares logramos gracias a la organización y a la lucha. Un trabajo que realizaron nuestros pibes y nuestras pibas relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta ley se va a garantizar que no sigan los desalojos y que podamos pelear por el acceso a la luz, agua, cloacas y a la integración urbana en los barrios. Es un gran paso en un contexto adverso para los más humildes, pero esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”, dijo Esteban “Gringo” Castro, secretario general de CTEP.

Ley de donación de alimentos

Otra normativa aprobada hoy, 10/10, por unanimidad y también sin debate fue una que facilitará la donación de alimentos, eximiendo de la responsabilidad a las empresas donantes.

Si bien Diputados le había introducido modificaciones al texto, la Cámara alta insistió con el original y las empresas donante s quedarán eximidas de responsabilidad.

A través de la norma, se crearía un Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. El objetivo: “La reducción y eliminación de pérdidas y desperdicio de alimentos a través del empoderamiento y movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones, otorgando especial relevancia a la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia”.

Responsabilidad de los donantes: Según el texto, “se presume la buena fe del donante y donatario”, y “desde el momento de ser entregada la cosa al donatario, el donante queda liberado de toda responsabilidad y no responderá civil ni penalmente por los daños causados por la cosa donada o por el riesgo de la misma, salvo que se pruebe dolo o culpa imputable al donante, por acciones u omisiones anteriore s a la entrega de la cosa”. Este era el punto que los diputados habían modificado.

En Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año. Los supermercados deciden no ponerlos a la venta porque están a punto de vencer, o por problemas de embalaje. Esta ley que acabamos de sancionar, si bien no termina con el problema del hambre en la Argentina, relacionado con la pobreza estructural que se viene arrastrando hace décadas, sí constituye un paso trascendental que debe ser complementario con otro tipo de medida”, explicó la senadora Miriam Boyadjian, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano.