Finalmente, la decisión de la jueza Marina Barbagelata llegó pasadas las 13. “No voy a hacer lugar al pedido de los defensores”,dijo de entrada la magistrada

El viernes pasado se conoció el requerimiento de elevación a juicio en la causa de la vaca, que involucra al ex gobernador, su cuñado, el ex ministro Báez, ex funcionarios de esa cartera, y empresarios publicitarios.

Pasaron cinco días hábiles, el plazo fijado por el código para que los defensores de los imputados respondan al requerimiento de elevación a juicio, pero en vez de eso, pidieron una audiencia ante un juez de Garantías para solicitar la extensión de ese plazo. Según registró este medio, solicitaron siete días de prórroga para “tener tiempo suficiente para analizar el expediente de cara a la elevación a juicio”.

En contraposición, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro se opusieron por ser un plazo “improrrogable y perentorio establecido por ley, y porque no es materia interpretativa”. “Las excepciones legales dispuestas no son las que argumenta la defensa para solicitar la prórroga. No tuvieron cinco días para analizar la prueba, sino que desde el inicio tuvieron acceso a toda la documentación”, dijo Yedro.

Los argumentos de la defensa de todos los imputados, tuvieron como portavoz a Guillermo Vartorelli y Miguel Cullén, mientras que sorprendió la ausencia de Marcos Rodríguez Allende -abogado de Juan Pablo Aguilera- y Raúl Barrandeguy -representante legal de Sergio Daniel Urribarri-. Por su parte, el único de los imputados que no solicitó la prórroga fue Pedro Báez.

Entre los argumentos, Cullen esgrimió: “Se trata de una causa compleja con mucha prueba a analizar. No veo en qué puede afectar a la Fiscalía la prórroga solicitada. En esta causa copiosa y compleja, se está acusando a quien fue dos veces gobernador de la provincia”, reclamó el letrado.

Quien recogió el guante fue Patricia Yedro: “No se puede adoptar un criterio distinto porque se trata del ex gobernador. Sería un trato de desigualdad para con el resto de la ciudadanía”, expresó.

Además, durante el transcurso de la audiencia, las partes coincidieron en que la Fiscalía puso a disposición toda la documentación durante el año que duró la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Ese fue uno de los argumentos de la Fiscalía para rechazar la prórroga: “No entendemos porque se pretendió leer toda la causa en cinco días cuando tuvieron un año para analizar la prueba”, expresaron.

Desde la defensa aseguraron que si bien tuvieron acceso al cúmulo de expedientes, recién en el acto de remisión a juicio se pudo observar la articulación entre los imputados y las pruebas que argumentan dicha imputación.

Tras el llamado a cuarto intermedio, el clima tenso se adueñó de la sala de audiencia puesto que el abogado Cullen interpeló con cierta vehemencia a los fiscales, por no haber acompañado el pedido de la defensa. Los representantes del Ministerio Público Fiscal ya habían argumentado su posición ante la jueza Barbagelata: “Lo que establece la ley no puede ser borrado por un acuerdo entre las partes”, expresaron.

“El pedido de elevación no debe causar sorpresa a las defensas” 

“No voy a hacer lugar al pedido de prórroga solicitado por las defensas”, dijo Barbagelata, apenas reabierta la audiencia que había pasado a un cuarto intermedio a las 12 de este viernes. “Entiendo que la Fiscalía elaboró su requerimiento y ahí se limitó a exteriorizar los fundamentos por los cuales considera que existe la sospecha suficiente para pretender la realización del juicio. Allí se manifiesta cuáles son las pruebas que serán producidas en el juicio. Ese acto de la Fiscalía no debe causar sorpresa alguna a los defensores, porque no es más que una exteriorización para dar inicio a una etapa intermedia, en donde se va a avanzar procesalmente. Es una instancia más, y la defensa que fue convocada desde el inicio de la IPP a producir sus pruebas para elaborar su propia teoría del caso. Entonces, las defensas tienen que tener prevista esta etapa, porque a lo largo de toda la IPP tienen que haber ido produciendo su propio legajo de prueba, en función de su propia teoría del caso, y no en relación a la teoría de la Fiscalía, en todo caso, también en relación a la teoría de la Fiscalía”, explicó la jueza de Garantías.

Asimismo, Barbagelata consideró que la función de la defensa “en esta instancia concreta que es la de presentar por escrito su propio ofrecimiento de prueba, donde puede agregar una somera una oposición a la remisión a juicio y pedido de sobreseimiento consecuente, o la solicitud que le cabe a la imputación, o la excepción, son sólo manifestaciones que deben ser muy breve porque en realidad todo el planteo se hará en la audiencia. Es al sólo efecto enunciativo de lo que va a suceder en la audiencia. Todo el desarrollo profundo de la oposición a la elevación a juicio, consecuente en pedir el sobreseimiento se hará en la audiencia de etapa intermedia. Lo mismo que el tratamiento de las excepciones, como los fundamentos en casos de calificación, además de cualquier otro planteo que se pueda hacer en cuanto a la oposición de medidas de prueba que necesita la Fiscalía”.

La posibilidad de prórroga al plazo de cinco días existe, pero cuando concretamente se violentaron derechos de defensa, “por alguna imposibilidad concreta, material y efectiva, cosa que en este caso no sucedió”. “Ha habido manifestaciones genéricas, pero incluso la defensa ha manifestado espontáneamente que han tenido acceso a la documental, que si bien refieren a la numerosa cantidad de testigos, los testigos están relacionados a la voluminosa documental. Era posible para la defensa anticiparse a quiénes iban a ser los testigos propuestos por la Fiscalía. La defensa no refirió ningún hecho puntual que ponga de manifiesto que el plazo de cinco días les imposibilitara efectivamente el ejercicio de la defensa en relación a algún imputado”, apuntó.

La renuncia de un defensor

Este viernes renunció el abogado Ramiro Pereira a la asistencia técnica del imputado Gustavo Tamay. Los fiscales se mostraron sorprendidos con el acto. Apenas iniciada la audiencia, Pereira explicó que sería Vartorelli quién tomaría su lugar para acompañar a Tamay en el resto del proceso.

Sobre este punto, Barbagelata señaló: “Entiendo que es parte de la responsabilidad profesional hacerse cargo de las consecuencias que tiene renunciar a una defensa. Considero que en este caso, siendo el nuevo defensor de Tamay un letrado que tuvo acceso a la causa durante toda la IPP, no se afectaron los derechos de defensa del imputado Tamay”.

Esos fueron los argumentos vertidos por la jueza. Ahora, los defensores deberán responder al requerimiento de elevación a juicio de los fiscales. Tendrán un nuevo plazo de cinco días.

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