El borrador de pacto fiscal entregado por la Nación la semana pasada incluye una tabla con la propuesta de rebaja de Ingresos Brutos, un impuesto que es facultad de las provincias. El objetivo es que en 2022 sea reemplazado por un impuesto a las ventas con una alícuota del 4%, en la transición se eliminan las etapas intermedias (agro, industria), llevando sus alícuotas a cero.

Distintas fuentes de gobiernos provinciales consultadas por LA NACION coincidieron en que es “imposible” equiparar todas las realidades y trabajar con una tabla única. El impacto del esquema propuesto no es el mismo para distritos “productores” que para los “consumidores” (en general, los más pobres).

“Los funcionarios de Economía no parecen dogmáticos con el tema, así que habrá que conversarlo para avanzar en una flexibilización. Tal como está la tabla es de muy difícil ejecución, aun con esfuerzos importantes”, señaló un funcionario provincial. Entre los gobernadores hay diferentes posiciones, algunas más conciliadoras y otras que apuntan a “quebrar lanzas”. Los de Formosa y La Pampa están entre los más combativos.

Para avanzar en la reforma de Ingresos Brutos es clave lograr una modificación en el mix de la recaudación: que ese impuesto pierda importancia (hoy representa hasta el 80% de los ingresos propios en algunos distritos) y que la ganen los patrimoniales.

En la reunión con los gobernadores el presidente Mauricio Macri afirmó que los subsidios diferenciales a Buenos Aires y CABA se terminarían en 2019. “Pedimos que quede por escrito”, mencionó un mandatario del norte.