La recusación al magistrado es impulsada por los defensores del exgobernador Sergio Daniel Urribarri en el marco de una causa por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y en la que el ahora presidente de la Cámara de Diputados está embargado en una suma de $26 millones.

La medida del embargo fue dispuesta por el juez Ruhl a comienzos de febrero último, y aunque ya ha sido confirmada esa resolución por un tribunal de alzada, ahora la cuestión llegó a Casación. Pero el trámite no se agota ahí, sino que el exgobernador apunta directamente hacia Ruhl.

El cambio en el calendario obedece a un pedido expreso formulado por uno de los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy -también ejercen la defensa Candelario Pérez y Marcos Rodríguez Allende-, en función de complicaciones de agenda, según se explicó desde Tribunales.

Urribarri recusó al juez que firmó el embargo sobre sus bienes por un monto de $26 millones. No es lo único que hizo: también lo denunció por incurrir en irregularidades -dictar sentencias sin fundamento, uno de los reproches que le hace- ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Urribarri escogió dos vías. Por un lado, quiere que el STJ le aplique una medida disciplinaria al juez de Garantías José Eduardo Ruhl, aunque el planteo ya cosechó una negativa. El Procurador General Jorge Amílcar García elevó su dictamen contrario a la petición del exgobernador. La resolución ahora quedará en manos de los vocales miembros el Tribunal de Superintendencia, Emilio Castrillón, Daniel Carubia, Leonor Pañeda y Susana Medina de Rizzo.

Pero además, a través de sus abogados presentó una recusación contra el juez Ruhl, y de ese modo busca apartarlo de la causa en la que se lo investiga por el reparto de $24 millones en publicidad del Estado, que tuvo como principales beneficiadas a las firmas Tep SRL y Next SRL, sindicadas como pertenecientes al patrimonio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. En el marco de esa causa, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron el embargo del patrimonio de Urribarri, de su exministro de Cultura y actual diputado provincial, Pedro Báez, y del propio Aguilera, en un monto, para cada uno, de $26 millones. El juez Ruhl acogió favorablemente ese pedido.

Ruhl ya se expidió respecto de esa recusación y la rechazó. Ahora, el incidente deberá ser resuelto en una audiencia pública ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones compuesto por Daniel Julián Anotonio Malatesta, Gustavo Román Pimentel y Rafael Martín Cotorruelo

El jueves 1° de febrero,  los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.

La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Pero además, los fiscales fueron más allá: pidieron el embargo de $26 millones para Urribarri, Báez y Aguilera, medida que fue acogida favorablemente por el juez Ruhl.

En marzo último,  Ruhl rechazó un planteo de excepción por falta de acción formulado por los defensores, con lo cual la causa que investiga los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por la distribución de una pauta publicitaria por $24 millones en beneficio de empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera sigue su curso. Durante la audiencia de ese día, el abogado Raúl Barrandeguy apuntó sus dardos contra el magistrado, contraataque que ahora aparece más virulento.

En su alegato, Barrandeguy no sólo fundamentó su pedido de cierre de la investigación penal sino que también solicitó el sobreseimiento de su defendido. Y reprochó el perfil “persecutorio” que tiene la Justicia, particularmente ensañada, a su entender, en la figura del exgobernador. “No puede vivenciarse una Justicia que es percibida como un procedimiento de persecución política, inhumana, violatoria de garantías”, aseguró.

Disconformes con la decisión del magistrado, los defensores de Urribarri fueron en apelación, aunque el 12 de abril último el Tribunal de Juicio y Apelaciones confirmó lo resuelto por Ruhl, y dejó firme el embargo. En la audiencia, Barrandeguy profundizó su enfrentamiento con Ruhl, y lo acusó de “copiar y pegar” en sus fallos, y consiguió la reprimenda del camarista Maltesta. Ahora, los defensores van por más, y se quieren llevar puesto al juez que dispuso, en febrero, los embargos.

En el marco de esa causa, apareció un arrepentido, Jesús Bustamante, que accedió a un juicio abreviado, reconoció haber cometido delito y aceptó una pena de prisión condicional de dos años y ocho meses, más el pago de una multa de $90 mil. Bustamante aceptó que entre 2010 y 2015 fraguó parte de la documentación que avalaría la prestación del servicio de publicidad en vía pública, y que para obtener contratos del Gobierno, debió pagar retornos a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, a quien se sindica como dueño de las firmas Tep SRL y Next SRL, principales beneficiarias de las pautas oficiales.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.