La Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos tomó posesión ayer de inmuebles ubicados en el paraje Mazaruca (Departamento Islas del Ibicuy), que habían sido decomisados en una causa judicial en la que se condenó al exsenador del justicialismo Abelardo Pacayut y a su hermano, por haberse apropiado de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy, la operatoria de peculado arrancó en 1997 y forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda Gobernación de Jorge Pedro Busti.

En la causa Ibicuy se intentó investigar qué destino tuvieron unos 30 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el departamento Islas, en el sur de la provincia. El delito por el que se lo acusaba a Pacayut era el de peculado –apropiación de dineros públicos. 

La medida fue llevada adelante por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, con la colaboración del Juzgado de Paz de Ibicuy y de la Policía de la provincia.

Los inmuebles se encuentran ubicados dentro del paraje Mazaruca, que a su vez está inserto en un inmueble de 5.000 hectáreas que pertenecieron a Yacimientos Carboníferos Fiscales y que en la década de los 90 fueron adquiridos por el empresario Victorio Gualtieri.

Para la Fiscalía de Estado, la toma de posesión de los antiguos chalets de Mazaruca tiene importancia estratégica, para empezar porque la propiedad está ubicada justamente frente a las islas Las Lechiguanas, de 250.000 hectáreas, sobre las cuales existieron diversas disputas. En primer lugar, con la provincia de Buenos Aires, que las consideraba parte de su territorio, hasta que en 1968 un dictamen del Instituto Geográfico Militar resolvió que pertenecían a Entre Ríos. En segundo lugar, durante distintos períodos hubo transferencias de decenas de miles de hectáreas a particulares. La Fiscalía sostiene que se trata de bienes del dominio público y por ello promueve acciones judiciales para recuperar la propiedad de esa zona.

Además, Mazaruca está cerca del puerto de Ibicuy, que cuenta con una profundidad de 34 pies, lo que lo hace apto para recibir buques Panamax. Eso permitiría que la provincia de Entre Ríos cuente con un puerto apto para realizar sus propias operaciones de exportación e importación desde muelles públicos, lo que beneficiaría a la producción de todo el noreste argentino, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil.

Por otra parte, los inmuebles recuperados se encuentran dentro de un predio de 5.000 hectáreas que constituyen Mazaruca. Esa superficie perteneció al Estado nacional, que a través de Yacimientos Carboníferos Fiscales producía diversas clases de madera para apuntalar las minas en Río Turbio. Luego fueron adquiridas por el empresario Victorio Gualtieri, y hoy se destinan exclusivamente a ganadería, con muy poco beneficio para la economía provincial.
Finalmente, la propiedad readquirida por la provincia de Entre Ríos está en medio de areneras que permanentemente extraen ese mineral con destino a la provincia de Buenos Aires, a razón de no menos de 1.000 toneladas diarias.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, practicó la medida personalmente y colocó en posesión de la provincia al inmueble, además de apostar en el lugar a la Policía de Entre Ríos.

La del ATN cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda Gobernación de Jorge Busti.

En la causa Ibicuy se intentó investigar qué destino tuvieron unos 30 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el departamento Islas, en el sur de la provincia. El delito por el que se lo acusaba a Pacayut era el de peculado –apropiación de dineros públicos.

Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento Pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA.

El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma de ese contrato, en 1998, Perfomar SA lo cedió a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.

En el banquillo

Por los tribunales pasaron el ex senador por Gualeguay, José Salim Jodor; el actual secretario legal de la provincia, el secretario legal y técnico de la provincia, José Gervasio Laporte; el ex fiscal de Estado radical, Sergio Raúl Avero; Abel De Bueno; Néstor Méndez; Diana Grimber; Hugo Rodríguez; Osvaldo García; Miguel Escarles; Liliana Cuenca; y Daniel Stamponi.

En el expediente, además del ex senador, estuvieron involucrados su hermano Carlos Pacayut, Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras.