Sebastián Briozzi, de 20 años de edad, fue asesinado por Elbio Antonio Acosta, el 25 de septiembre de 2016 cuando, en una persecución, disparó tres veces contra el vehículo de la víctima, donde uno de los disparos terminó con la vida del mismo en el lugar.

Por este motivo, entrevistamos al abogado de la familia del joven, Bruno Laquidara, para que nos confirme la sentencia civil del caso; “quiero dejar aclarado que a mí me consulta la familia del joven asesinado, en un caso llamado comúnmente ‘gatillo fácil’, pero para la parte civil, que implica determinar si hay responsabilidad de la policía de Entre Ríos en el suceso que consistió en un policía que dispara tres tiros y uno acierta en el cráneo del chico y fallece en el acto”.

“La sentencia, como es civil, determina que hay culpa de la provincia, sobre todo de la fuerza policial, esencialmente por tener personal que no actuó de la forma regular, esto es un tema que se lo suele llamar de ‘gatillo fácil’, pero en realidad es un eufemismo para escapar al verdadero problema que es que la provincia, la policía, suele tomar personal que no está capacitado o incluso no los capacita y terminan cometiendo estos errores, obviamente se traslada a su empleador que es la policía y la provincia”, detalló Laquidara.

“La sentencia salió encontrando responsable al policía porque los tiros no fueron efectuados de la manera más perita correspondiente”, agregó el abogado.

Consultado por la pena, Laquidara explicó que “técnicamente no se denomina pena porque pena es la parte penal, en la parte civil, la reparación del daño es el pago de una indemnización que es una suma de dinero destinado a cubrir el sufrimiento del daño moral.

“La pérdida del hijo de ser una de las peores situaciones que atraviesa el ser humano y la sentencia civil, de la única forma que conoce el derecho de reparar el daño es a través del dinero, entonces se le concede una suma de dinero”, remarcó el abogado de la familia Briozzi.

Finalmente, Laquidara consideró “que el fallo es ejemplar y considero que no tiene forma de ser revocado por las instancias superiores, pero por una ley mediocre que tendría que reformarse el procurador fiscal de la provincia de Entre Ríos tiene que apelar a segunda instancia, pero creo que van a confirmar el fallo”.

Fuente: El Heraldo