El presidente Mauricio Macri, con firmeza, decidió potenciar la lucha contra la corrupción, narcotráfico y todo el crimen organizado, sancionando con un decreto de necesidad y urgencia, la posibilidad judicial de recuperar para el Estado, lo que quiere decir para todos los argentinos, todos aquellos bienes que estén vinculados con la criminalidad, o en poder de alguien que esté bajo proceso penal, y no pueda justificar la procedencia de esos bienes, señaló el senador provincial Raymundo Kisser(UCR Cambiemos)

Desde hace muchos años, la sociedad en su conjunto viene reclamando esta herramienta. El Gobierno Nacional tomó la decisión política de impulsar, desde el Congreso de la Nación, esta cuestión. La respuesta de los Legisladores Nacionales esta a la vista: Más de dos años de franeleo, y sin voluntad de sancionarse la ley, pero con riesgo cierto de que no se sancione nunca.

A los argentinos de bien, los honestos, los que trabajan y pagan sus impuestos, no les interesa si esta decisión lo fue con una ley o con un decreto de necesidad y urgencia. Sí les interesa que la decisión política se haga realidad, y hoy, ello lo es. ¿Cómo va a funcionar?: Ya es responsabilidad de otros órganos del propio Estado. En primer lugar, del Congreso dela Nación, que deberá expedirse sobre este decreto conforme a lo que señala la Constitución Nacional; y, segundo, del Poder Judicial, llámese Ministerio Público Fiscal y Jueces, quienes deberán aplicarlo.

Este decreto compromete a todos. Es una respuesta real y directa a una necesidad a la que había que darle una respuesta urgente. A ningún argentino, que quiere vivir dentro de la ley, en un sistema democrático y republicano, con seguridad y con respeto por su vida, su integridad física y moral, y desde luego de sus bienes, le preocupan las argucias que se esgriman para pretender eludir los objetivos de este decreto. A ese argentino, que, con su esfuerzo y trabajo, es partícipe de la construcción de este país, se le debe garantizar salud, educación, seguridad, y en definitiva bienestar en una sociedad que merece ser vivida. Pero también a ese argentino le interesa que ese esfuerzo y trabajo, no se lo lleven los corruptos, los narcotraficantes, y, en definitiva, los que han hecho del delito su modus operandi. El contenido de este decreto es la respuesta que la inmensa mayoría esperaba.

Que no queden dudas: los que pregonan y argumentan la inconstitucionalidad de esta normativa, son los corruptos, los narcotraficantes, los que integran el crimen organizado, y, en definitiva, los que, durante muchos años, han saqueado tanto al Estado, como a la sociedad misma. A todos ellos, les llegó la hora: Además de la sanción penal que les corresponda; se les extinguirá el dominio de todo lo que han logrado cometiendo este tipo de delitos.

La provincia de Entre Ríos deberá hacer lo suyo. El actual Código Procesal Penal de la Provincia no es suficiente para dar la respuesta adecuada a esta normativa nacional. De lo contrario, cómo se explica que altos funcionarios y exfuncionarios del Estado Provincial, con procesos judiciales avanzados, que no pueden justificar el origen de su patrimonio, continúen usufructuado del mismo. El derecho y la Justicia solo son efectivos y creíbles cuando están en condiciones de dar respuestas inmediatas o por lo menos dentro de un plazo razonable. Entonces, la provincia deberá adecuar su legislación a este decreto de necesidad y urgencia, aún cuando a algunos no les pueda gustar o interesar esta necesidad. El reclamo de la sociedad debe estar sobre cualquier interés, y debe tener la respuesta adecuada.

Por ello, los argentinos, y más concretamente los entrerrianos, debemos celebrar la bienvenida a este decreto de necesidad y urgencia, y darle, cuanto antes, aplicación práctica y efectiva en la provincia.