La pelea por la sucesión del Sindicato de Empleados de Comercio, el más numeroso de la Argentina con más de un millón de afiliados, comenzó hace rato pero ahora se empieza a cristalizar el grado del enfrentamiento. A tal punto que la convocatoria a la Asamblea General pautada para este miércoles para avanzar en las elecciones del gremio fue rechazada y judicializada por la oposición a Armando Cavalieri y que conduce Ramón Muerza.

El dirigente opositor basó su presentación judicial en que “no fueron debidamente notificados cinco dirigentes” (entre ellos él) de su espacio a la reunión de Consejo Directivo del 29 de junio que fijó la fecha de este miércoles para la realización de la asamblea. A su vez, entienden que el predio elegido para realizarla (Parque Norte) no tiene suficiente espacio para albergar a los 24.000 afiliados que esperan ellos concurran. Vale mencionar que desde hace más de dos décadas que este proceso pre electoral, asambleas en general y aprobación de balances se realizan allí.

La Justicia suspendió este martes la Asamblea Extraordinaria prevista para hoy en la que se iba a definir la Junta Electoral de cara a los comicios en los que el histórico Armando Cavalieri buscará anotar su noveno mandato al frente del Sindicato de Empleados de Comercio. Además, esta mañana el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal por falsificación de documento debido a la presencia de casi 6 mil muertos en el padrón que el gremio habría presentado ante el Ministerio de Trabajo

La Asamblea Extraordinaria fue suspendida por el juez laboral Fernando Vilarullo tras una presentación del afiliado Carlos Alluisetti a la que se sumó Ramón Muerza, el secretario de organización y delegado de los supermercados Coto, que enfrentará a Cavalieri en las elecciones. Los dos denunciaron que cinco miembros de la Comisión Directiva del sindicato no fueron notificados de la reunión en la que supuestamente se decidió la convocatoria a la asamblea que definirá el futuro del proceso electoral.

A la par de esa presentación, Marijuan recibió en su despacho el 19 de junio una denuncia anónima que detalla varias irregularidades en la organización comandada por Cavaleri desde 1986, entre ellas, el “robo” de la base de datos de la Anses para generar un padrón electoral falso con muertos y personas que se jubilaron en otro gremio y nunca aportaron al Sindicato de Empleados de Comercio.

Frente a ello, el fiscal presentó una denuncia penal “contra quienes pudieran ser responsables del delito de falsificación” consagrado en el artículo 292 del Código Penal, y pidió que se allane la sede del sindicato para secuestrar una copia del padrón y realizar nuevamente la pericia que podría complicar a Cavalieri.

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