En este segundo encuentro -el primero reunió a organizaciones de la sociedad civil-, se escuchó al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera; a la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato; al diputado del Frente Renovador, Juan Brugge y al apoderado del PJ, Jorge Landau, entre otros.

En la apertura de la reunión, que se celebró en el salón Sur de Casa de Gobierno, Frigerio transmitió a los invitados que “tenemos un optimismo enorme de llegar en estos meses a un consenso que nos lleve al mejor sistema posible, el que dé la mayor seguridad a los ciudadanos”.

Inmediatamente, el ministro cedió la palabra al juez Corcuera para que expusiera las necesidades y propuestas desde el máximo órgano de justicia que regula y fiscaliza las elecciones en el país, no sin antes enfatizar que “observamos una muy buena predisposición de todo el arco político”, para arribar a consensos que se integren en la nueva ley.

En su diagnóstico, Corcuera informó de que la Cámara cuenta con un cuerpo de auditores-contadores que fiscalizan lo declarado por los aportantes en las campañas pero reveló que ese cuerpo “está en una profunda pobreza” de recursos materiales para trabajar.

Entre los puntos débiles del trabajo que hace la Cámara para controlar el flujo de dinero desde los sectores privados hacia la política, el magistrado mencionó la “falta de bancarización” y las “diferencias entre lo que los aportantes declaran ante la Cámara y lo que declaran ante la AFIP”.

Uno de los pedidos de Corcuera a la mesa de diálogo que coordina Pérez fue que se incorporen las personas jurídicas porque “más allá de la discusión acerca de si las personas jurídicas tienen voluntad política o no, un sistema que avanza hacia la transparencia debe incluir a las personas jurídicas”.

El gobierno tiene previsto mandar el proyecto de ley consensuado al congreso a mediados de abril, a sabiendas que los tiempos legislativos en años electorales son más lentos y que, para ser aprobado, la norma necesita el voto positivo de 129 diputados y de 37 senadores, un número que el oficialismo no alcanza por sí mismo.

Telam