Un texto con severas deficiencias jurídicas sobre una materia que divide aguas en el Congreso e, incluso, en el propio Gobierno es la principal causa que mantiene empantanado en el Senado el proyecto de ley de extinción de dominio.

Se trata de la herramienta legislativa con la que se pretende acelerar el decomiso de bienes adquiridos con el beneficio de los denominados delitos de corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

Apurado por los reclamos de los ministerios de Seguridad y de Justicia, Mauricio Macri reflotó el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, y pidió su pronta sanción.

Según indica el diario La Nación, sin embargo, el proyecto lleva casi dos años parado en el Senado por la polémica en torno a la vulneración del derecho constitucional a la propiedad, que implicaría la sanción de una ley que habilite el decomiso de bienes sin que exista, al menos, una sentencia en primera instancia.

La vulneración del derecho a la propiedad fue una de las constantes de todas las críticas formuladas por jueces, fiscales y especialistas en derecho que expusieron ante la Comisión de Justicia del Senado sobre el proyecto, luego de que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en junio de 2016.

Caída del dictamen

El dictamen se firmó con amplio consenso en noviembre de 2016. Pero el expediente nunca llegó al recinto. De hecho, el recambio de un tercio del Senado, operado en diciembre último, hizo caer el dictamen, aunque no así el expediente aprobado por Diputados, que tiene un año más de vigencia.

“Vamos a pedirle al peronismo poner el tema sobre la mesa para tratar de ver, entre todos los sectores involucrados, cuál es el camino de mayor consenso”, afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), tomando el guante lanzado por Macri ante la Asamblea Legislativa.

Una de las primeras explicaciones sobre el estancamiento del proyecto es la falta de acuerdo en la Cámara de Diputados para respetar los cambios que el Senado había decidido introducirle a la media sanción. Todas las miradas en la Cámara alta apuntan a la rebeldía del bloque del Frente Renovador a aceptar esos cambios.