En los últimos dos años, una banda de siete integrantes cobró sueldos retroactivos como si fueran docentes cuando en realidad ni siquiera pertenecen al sistema educativo. Hoy la policía bonaerense detuvo a cinco de los delincuentes. Uno de ellos, el líder de la organización, trabaja en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia y fue quien llevó adelante la maniobra.

De acuerdo a la investigación, el líder de la banda “ingresaba periódicamente con su clave personal al sistema informático, por el cual, varias personas cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua, por servicios laborales no prestados entre 2017 y 2018″. La defraudación al estado alcanzaría una cifra aproximada de $3.467.350.

Los involucrados figuraban como activos en el sistema cuando, en realidad, no prestaban servicios. Lograban cobrar a través de la ticketera del Banco Provincia, un mecanismo que no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro. Basta con ir con el DNI para extraer el dinero.

Algunos de los elementos secuestrados

Algunos de los elementos secuestrados

“Lo que hacía esta persona era generar una liquidación que incluía varios sueldos retroactivos. En algunos casos el dinero retirado podía ser 45 mil pesos e incluso he visto liquidaciones por 160 mil. La metodología era poner retroactivos del mismo sueldo”, detalló a InfobaeIgnacio Sanguinetti, subsecretario de Recursos Humanos de la DGCyE.

Fuentes de la policía bonaerense precisaron: “La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que cada mes envía la Dirección de Educación al Banco Provincia y estaba a cargo del organizador de la banda”.

Los “prestanombres” figuraban como preceptores de distintas escuelas de La Matanza, cuyos directores jamás se enteraron de la maniobra delictiva. El día del cobro, concurrían todos juntos y retiraban la recaudación, que incluía sueldos, adicionales y bonificaciones, cargadas en el sistema por el líder. “Estas personas sostienen un conocimiento personal y familiar entre sí”, dijeron los voceros.

A partir de una auditoría se detectó una irregularidad que dio lugar a una investigación administrativa interna y luego a una denuncia penal de la DGCyE. “Encontramos que esta persona hizo cargas ilegales nombrando preceptores que nunca fueron. Puede parecer una maniobra sencilla, pero no lo es. El patrón que encontramos es que siempre era la misma persona quien hacía las cargas, siempre en La Matanza, con la categoría de preceptor, y se hacían con una metodología que permitía no cobrar por cuenta bancaria, sino en ventanilla”, dijo Sanguinetti.

En los allanamientos, que se desarrollaron en las casas de los involucrados -cuatro de ellas en la localidad de Arturo Seguí, y el resto en La Plata- se secuestaron distintos elementos: celulares, tablets, PC, notebooks, pendrives, documentación de cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y débito, registro de operaciones bancarias y llaves de cajas de seguridad, entre otros elementos. Además de los cinco detenidos, todavía hay otros dos involucrados en libertad.

La causa está caratulada como “Asociación Ilícita en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con tentativa de fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública”. Intervienen la UFI N° 16, a cargo del doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juzgado de Garantías N° 5, de la doctora Marcela Garmendia, ambos del Departamento Judicial de La Plata.

Para evitar maniobras de este tipo en el futuro, según supo este medio, en diciembre implementarán un sistema de contralor digital que les permitirá un vínculo más directo con los equipos directivos. Hasta hoy, los directores deben cargar en una planilla de papel qué cargos docentes se crearon en la escuela y cuántos tomaron posesión, lo cual no les permite alertar a las autoridades sobre maniobras similares.