Autoridades e integrantes del Partido Socialista de Entre Ríos instan al Gobernador Gustavo Bordet a derogar el decreto 4407/18, que implica un retroceso en el derecho de todos los habitantes del suelo provincial a vivir en un ambiente sano y perjudica específicamente a escuelas y poblaciones rurales. 
El pasado 2 de enero, el Ministerio de la Producción de la Provincia publicó un decreto que vuelve a acortar las distancias de resguardo a las escuelas rurales y caseríos para realizar las fumigaciones en campos aledaños. “Se dispone una irrisoria distancia de 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de resguardo, cuando los docentes venimos denunciando que ni siquiera se respetan los 50 metros de la reglamentación actual”, señaló Elbi Esteve, integrante del Partido y referente ambientalista en la provincia, agregando que “se da por desconocido un fallo preexistente de la Justicia Provincial y se arremete, una vez más, contra las escuelas rurales y las poblaciones que sufren los efectos de los agrotóxicos”.
El decreto, firmado por el Gobernador Bordet, se fundamenta casi exclusivamente en documentos y trabajos que solo tienen en cuenta las `Buenas Prácticas Agrícolas´, ignorando los estudios epidemiológicos que alertan sobre las consecuencias de las fumigaciones sobre la salud. “Los efectos de las derivas (dispersión de plaguicidas por fuera del blanco) y la toxicidad de los fitosanitarios han sido constatados no solo internacionalmente, sino en las mismas escuelas rurales de nuestro Departamento Uruguay por científicos de CONICET”, indicó Esteve.
A través de este Decreto, el Gobierno Provincial pasa por alto las distancias establecidas por un Fallo Judicial en el mes de noviembre de 2018, que determinó 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos de resguardo. “Desoír este fallo, producto de las luchas que venimos llevando adelante en conjunto con organizaciones sociales y ambientales, constituye un atropello inconstitucional contra la vida de las poblaciones rurales”, expresó Marcelo Haddad, Presidente del Partido en la provincia, instando al Gobernador a dar marcha atrás con un decreto que “atenta directamente contra el derecho humano que tienen todas las personas a vivir en un ambiente sano”.