La mega causa de la Cumbre del Mercosur tiene varias aristas, pero la que tiene ocupado a fiscales y periodistas es la escandalosa contratación de publicidad que hizo el Gobierno a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Lo escandaloso está ligado al valor que se pagó la realización y difusión de cinco spot publicitarios a un valor de 28 millones de pesos, cifra que superó cualquier factura en torno a la organización del evento diplomático que se realizó a mediados de diciembre de 2014 en Paraná y que tuvo como huéspedes a buena parte de los presidentes de América del Sur.

Para la organización de la Cumbre, la Legislatura aprobó a pedido del Poder Ejecutivo la Ley 10.327 que creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa. La contratación en cuestión fue realizada por fuera de esta comisión y se autorizó mediante un decreto firmado por el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el gobernador Sergio Urribarri.

Esta maniobra, la de obviar al ente creado por ley para las contrataciones, tiene sin embargo una autorización anterior de la Fiscalía de Estado (Julio Rodríguez Signes); el Tribunal de Cuentas (el entonces presidente Guillermo Smaldone y los fiscales); y la Contaduría General (Aurelio Miraglio). En los dictámenes, a los que tuvo acceso Página Judicial, se hace lugar a la “viabilidad de proceder a difundir políticas públicas, captar inversiones y fortalecer el turismo, entre otros, mediante la publicación oficial”. A renglón seguido se solicita que la publicidad se encuadre en el artículo 2º de la ley 10.237, “cuyo objeto es amplio” y refiere a “toda compra, acto y/u operación que resulten necesarios para la realización de distintos eventos que se efectúen y/o resulten inherentes” a la Cumbre. En resumen: el pedido de hacer una excepción o, si se quiere, una ampliación a la ley, fue aprobada por los entres organismos de control el 1º de diciembre de ese año. (Expediente 1.656.798/14)

Si se mira con atención las fechas en el expediente (ahora se llama legajo) se lee que la contratación en cuestión fue gestionada el 25 de noviembre de ese año (expediente administrativo número 1656798).

Al día de la fecha, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas no aprobaron los gastos, aunque Miraglio ya pagó lo que se debía.

Cruce

Rodríguez Signes y Báez tuvieron un cruce sin cruzarse. El ex ministro y ahora diputado lo mencionó al fiscal de Estado en su indagatoria como uno de los funcionarios a quién se acudía para asesoramiento jurídico y legal, según reveló Página Judicial oportunamente. Esto le valió a Rodríguez Signes la presentación de un escrito en la Procuración General en el que se desentiende de la contratación específica.

¿Qué sucedió entonces? Los organismos de control autorizaron la excepción requerida por Báez para contratar publicidad, pero luego se desentendieron del servicio y su contenido. Es decir qué empresa se contrató y cuál sería el plan de difusión de los spot, para citar algunos ejemplos.

El 31 de agosto fue citado a indagatoria Urribarri. Se supone que dirá que firmó el decreto de contratación cuando vio que los organismos de control se lo autorizaron. También dirá, como ya adelantó, que la Justicia no puede auditar el contenido de una campaña publicitaria. El Ministerio de Comunicación y Cultura tenía una asesoría legal que estaba a cargo de Walter Carballo, un amigo de la casa. Actual juez de Garantías interino en Concordia, y concursó por la Procuración Adjunta en la que quedó Cecilia Goyeneche.

En la causa se imputa a los funcionarios por los delitos de peculado y supuestas irregularidades en las contrataciones.

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