El martes 6, dos días antes del cierre de campaña y a cinco de las elecciones primarias, el oficialismo de Juntos por el Cambio, reabrirá la Cámara de Diputados para tratar una ley que proscribe candidatos con condenas pendientes en la justicia, conocida como “ficha limpia”.

La convocatoria se oficializó la semana pasada y los diputados de las distintas vertientes del peronismo empezaron a cruzar llamados para evaluar si era conveniente prestarse a una foto en la que, de una u otra manera, flotará la figura de Cristina Kirchner, acaso la figura más representativa de los candidatos que no deberían presentarse por las causas por corrupción en su contra.

La mayoría de los opositores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia o son kirchneristas o quedaron en las listas del Frente de Todos, como el peronista salteño Javier David o la massista Vanesa Massetani, por lo tanto no será nada sencillo que se expongan a una discusión sumamente urticante para el espacio.

Hay excepciones como la del también salteño Pablo Kosiner, que busca su reelección en la lista de Roberto Lavagna; o el cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana, cercano al gobernador neutral Juan Schiaretti.

Otro proyecto de Ficha Limpia

Para ratificar que el plenario está más que firme, el diputado radical Luis Petri presentó otro proyecto sobre el tema y lo sumó al temario. Propone un sistema escalonado, que ante una sola condena en primera instancia por un delito contra la administración pública, inhabilite a un político a ser candidato.

Además, ante la inexistencia de una sentencia penal confirmada en segunda instancia por un delito doloso, una persona no podría presentarse como candidato. Y plantea la condena efectiva para los aspirantes a ocupar cargos que luego comentan delitos por corrupción en el Estado.

“Quienes le robaron posibilidades y esperanzas al pueblo argentino deben quedar lejos de las responsabilidades públicas y de los espacios donde debe reinar la transparencia que la República reclama”, sostuvo Petri, en defensa de la iniciativa.

Según LPO, el texto es un poco más severo que el consensuado en los últimos días por el radical Diego Mestre y el macrista Pablo Tonelli, que presiden las comisiones a cargo el plenario. Contempla prohibir candidaturas a condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

También a los acusados por exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación. Pero en Cambiemos hay voluntad de negociar un dictamen común si es que la oposición aporta con el quórum y se presta a una de las banderas de campañas del Gobierno.

¿Conseguirán el Quórum?

Sin embargo, no será gratis que no aparezcan: en declaraciones radiales, Tonelli anticipó que el lunes entregarán 250 mil firmas al Congreso para exigir que las comisiones debatan la ley. “En algún momento no muy lejano, antes de fin de año, este proyecto será ley”, anticipó el diputado porteño y confió en que el peronismo federal está dispuesto a dar quórum. O sea, sólo quedarían vacías las sillas del kirchnerismo.

Una incógnita será qué harán los diputados misioneros de la Renovación K, a sabiendas que algunos de sus candidatos en las pasadas elecciones de Junio, sobre todo en los municipios, son personas que están procesadas y en caso de una condena en primera instancia estarían impedidas de presentarse. Desde luego, como toda ley sancionada, no tiene efecto con retroactividad.

Asimismo, en su acercamiento con el Frente de Todos, la Renovación podría no avalar una normativa que coloque en tela de juicio la candidatura a la vicepresidencia de Cristina Kirchner, multiprocesada en causas por corrupción en el Estado.