Lo confirmó el abogado Julio Majul, quien inició el reclamo contra el emprendimiento inmobiliario llevado adelante por la firma Altos de Unzué. Luego de la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, los involucrados intentarán llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hace exactamente un mes atrás la noticia era celebrada por los ambientalistas de la ciudad: La Justicia provincial había definido que el barrio náutico Amarras debía ser desmantelado en 180 días.

Esta sentencia conocida a mediados de octubre daba cuenta del reconocimiento del reclamo de ilegalidad del mega emprendimiento inmobiliario ubicado en Pueblo General Belgrano. El abogado Juan Ignacio Weimberg declaraba que era un fallo que esperaba con mucha ansiedad y que “es una reivindicación para todas las luchas ambientales”.

De esta manera, el Superior Tribunal de Justicia dictaminó “rechazar los recursos de apelación interpuestos por las demandadas a fs. 682 -Municipalidad de Pueblo General Belgrano-, a fs. 683 -Altos de Unzué S. A.- y a fs. 685 -S.G.P.E.R.- contra la sentencia de fs. 634/676, la que se confirma”.

Además, el órgano resolvió “otorgar un plazo de ciento ochenta (180) días, teniendo en cuenta el grado de avance de los trabajos efectuados, para el cumplimiento de la condena; disponer que la tarea de control de cumplimiento de la sentencia sea desempeñada por la autoridad de aplicación de la ley 10479, art. 44 y siguientes, atento lo manifestado en los considerandos de la presente sentencia”.

“Imponer la sanción de prevención al apoderado de la firma Altos de Unzué S. A., Dr. Edgardo Daniel Garbino, por sus manifestaciones contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresa otro de los puntos.

Pero ¿qué pasa ahora?

Tanto la empresa Altos de Unzué como la Municipalidad de Pueblo Belgrano apelaron esta sentencia y buscan llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia.

ElDía se comunicó con Julio Majul quien confirmó que días atrás recibieron la notificación de la apelación, y explicó que ahora “será el Superior Tribunal de Justicia quien definirá si le da curso o no hacia la Corte Suprema de la Nación”.

Además, recordó que en “2016 fue el propio gobernador, Gustavo Bordet quien les dio la orden por decreto de no avanzar más en el proyecto, y el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, los volvió a autorizar con otro decreto municipal”.

En cuanto a la realidad actual del emprendimiento, Majul opinó que “podrían estar preparando una quiebra legal y de esta manera estarían ganando tiempo. Esto los beneficiaría para no pagar totalmente sus deudas o arreglar por un porcentaje mucho menor”.

La postura de la Provincia

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes se había referido a la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos acerca del desmantelamiento de las obras.

Aclaró que a la Provincia no le “queda mucho margen más que acatar la resolución” y agregó: “Con el fallo de la Corte Suprema, el STJ toma esta decisión diría que presionado por este precedente: la Corte dictó sentencia y le ordenó al Tribunal entrerriano que vuelva a expedirse; sumado a que estimamos que (a nivel nacional) van a mantener su criterio”, opinó Rodríguez Signes.

Más antecedentes

En julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, ya había dejado sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo con el objeto de que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción de Amarras.

Este fue el paso previo a la decisión del desmantelamiento, por lo que los ambientalistas estiman que no habrá cambios en la decisión del órgano superior. “En cuatro meses no creo que cambien de opinión; sería una locura”, resumió Majul en diálogo con ElDía.