El funcionario Luis Uriona, delegado en Entre Ríos de la Secretaría de Vivienda de la Nación, presentó una denuncia penal con patrocinio del abogado Rubén Pagliotto ante una serie de irregularidades detectadas en la ejecución de un plan de viviendas en la ciudad de Villaguay, con fondos provenientes del Estado nacional.

La denuncia, se relaciona al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales y abarca el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, al ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación Germán Nivello, al ex coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales de la provincia Daniel Irigoyen, al ex intendente de Villaguay Adrián Fuertes y al arquitecto Mario Lemes, inspector y certificador de las obras. Se los acusa de haber construido menos metros cuadrados que los financiados por la Nación y del desvío de más de 25 millones de pesos.

En abril del año pasado se publicó en la revista ANÁLISIS un informe con los primeros resultados de las investigaciones en marcha en relación a la construcción de viviendas con fondos nacionales en distintas localidades de la provincia y se anticipó que se presentarían denuncias penales.

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En la denuncia, presentada en los tribunales de Villaguay y recepcionada por la fiscal Nadia Benedetti, se reseñó que los planes de vivienda investigados fueron instituidos mediante una resolución fechada en 2010 y que eran instrumentados por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal. Los titulares de ambos organismos, José López y Julio De Vido, cumplen prisión preventiva mientras avanzan investigaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción. En la provincia, fue la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE) el organismo que, junto a la Municipalidad de Villaguay, desarrolló los programas.

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Antes de detallar una serie de irregularidades detectadas, en la denuncia se resaltó que existen dos damnificados: el Estado, “dado que sus fondos han sido desaprensiva y fraudulentamente administrados”, y los adjudicatarios de las casas, “que deben sufrir las incordiosas consecuencias y tribulaciones de habitar unidades en pésimas condiciones edilicias, con graves vicios constructivos”.

En la denuncia se sostiene que “parte del dinero asignado por la Nación para cada vivienda que se cobró fue a parar ilegal e ilegítimamente a manos de terceros”. Puntualmente, se describe que “hubo ahorro en costos por la compra a granel de materiales de calidad inferior al recomendable; en mano de obra, que lejos de ser calificada fue chapucera y en negro; se certificaron y cobraron fraudulentamente, en muchos casos, mayores metros cuadrados a los realmente construidos; y se recibieron fondos nacionales para asegurar las obras de infraestructura que fueron solventadas con fondos provinciales, de municipios o privados de los propios adjudicatarios”.

En el texto se indica que se pudo constatar que “se cobraron 1.257,10 metros cuadrados que no se construyeron” y se señala que, tomando el valor actual de 20.463 pesos el metro cuadrado que paga la Nación en estos planes habitacionales, “la suma peculada asciende a 25.724.037 pesos”, equivalentes a unas 25 viviendas.

En documentación adjunta, se muestra que se construyeron 160 viviendas que suman 8.697 metros cuadrados, sobre un total comprometido de 9.954 metros cuadrados. “Es harto elocuente el despilfarro y latrocinio de fondos, que constituye un auténtico aquelarre, hecho en perjuicio estatal y de las familias adjudicatarias”, aseveró el denunciante.

En la presentación se explica que se incluyó a De Vido por ser entonces responsable de la cartera que debía realizar el contralor de los recursos y también de las cuestiones técnicas. En el caso de López y Nivello, se les asigna una responsabilidad más directa, atento a su mayor nivel de obligaciones e incidencia en la ejecución de los programas. Respecto de Irigoyen y Fuertes, se indica que “su celo debía ser mucho mayor que el exigido a los restantes” y acerca de Lemes se señala su “responsabilidad es primaria, directa y mayor”, puesto que debía controlar los metros cuadrados certificados y pagados.

“De modo evidente, los incumplimientos de todos los niveles responsables de la ejecución del programa (Nación, provincia y consorcio) surgen con claridad meridiana, en unos omitiendo por acción y en otros por lo opuesto. Lo cierto es que todos violentaron los deberes positivos de garantizar el cumplimiento estricto a su cargo. Nadie hizo lo que debía hacer”, concluye la denuncia.

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